Las comunidades y asambleas que integran el Encuentro de Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires manifestaron un rechazo total al proyecto de ley en debate en el Congreso Nacional que busca habilitar fumigaciones a solo 10 metros de zonas habitadas (cuando son terrestres) y 45 metros en el caso de aplicaciones aéreas. Denominado por quienes se oponen como “Proyecto del Veneno”, este intento legislativo es considerado una amenaza directa a la salud y al ambiente.

A su vez, exigen la inmediata derogación de la Resolución 246/2018 del gobierno bonaerense, también conocida como “Resolución del Veneno”, que incluso permite pulverizaciones terrestres sin distancia mínima, algo que agrava aún más la exposición de las poblaciones a los agroquímicos.

Desde las organizaciones denuncian que tanto la propuesta nacional como la normativa provincial fueron diseñadas para beneficiar al modelo del agronegocio, sin considerar el daño que provoca en la salud de las personas ni en los ecosistemas. Señalan que ambas normas violan principios constitucionales y ambientales fundamentales, como los de prevención, precaución, progresividad y no regresividad. También alertan que se desconoce el Acuerdo de Escazú, que establece obligaciones de protección ambiental y participación ciudadana, así como los compromisos del sistema interamericano de derechos humanos.

Las asambleas destacan que no hay diferencias partidarias cuando se trata de proteger los intereses del negocio agroquímico: oficialismo y oposición han mostrado apoyo al mismo modelo, mientras las comunidades sufren enfermedades, el agua se contamina y los entornos naturales se degradan. Estudios científicos independientes han documentado aumentos en casos de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, problemas neurológicos y respiratorios, entre otras afecciones vinculadas a la exposición prolongada a pesticidas.

Contrariamente a lo que propone el proyecto de ley, la justicia ya ha establecido criterios mucho más estrictos: la Suprema Corte bonaerense y otros tribunales han respaldado la necesidad de mantener al menos 1.000 metros libres de agrotóxicos alrededor de zonas urbanas. Un fallo emblemático fue el de Pergamino, donde se ordenaron distancias de 1.095 metros para fumigaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas, tras comprobarse la presencia de glifosato en el agua y daño genético en habitantes del lugar.

Frente a este panorama, las comunidades afectadas reclaman de manera urgente:

• El retiro inmediato del proyecto de ley que busca legalizar las fumigaciones cercanas.

• La derogación de la Resolución 246/2018 en la provincia.

• La implementación de distancias mínimas reales de protección: al menos 1.000 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas.

• Monitoreo obligatorio de residuos de pesticidas en el agua de consumo, en los cuerpos de agua usados para recreación y en la biodiversidad.

• Un plan concreto para eliminar progresivamente el uso de agrotóxicos, reemplazándolos por prácticas agroecológicas con participación de las comunidades.

Además, advierten que cualquier intento de avanzar con esta normativa será llevado ante la Justicia, tanto en el ámbito local como federal e internacional, por ser incompatible con la Constitución y los tratados de derechos humanos.