La Justicia de Río Negro investiga el presunto funcionamiento de una red de pedofilia que tendría como epicentro un asentamiento de Cipolletti. La causa ya tiene dos detenidos con prisión preventiva y avanza en el ámbito judicial.

Uno de los imputados, un ciudadano ecuatoriano de 37 años, enfrenta las acusaciones más graves. Según la investigación, habría captado a niños y adolescentes, los habría drogado hasta hacerles perder la lucidez para luego abusar sexualmente de ellos. Además, está acusado de filmar los ataques y distribuir ese material. El segundo detenido está imputado por haber recibido parte de esas imágenes, consideradas una prueba central en el expediente.

La investigación es seguida de cerca por referentes barriales, quienes reclamaron el total esclarecimiento de los hechos y una condena ejemplar para los responsables. En la misma línea, la organización Mujeres en Lucha y Diversidad expresó su repudio y exigió que la causa avance con rapidez para que se aplique la sanción más severa prevista por la ley.

De acuerdo con la pesquisa, al principal acusado se le atribuyen al menos seis hechos cometidos entre 2023 y mediados de 2025 contra niños y adolescentes. La modalidad que describen los investigadores consistía en atraer a las víctimas hasta su vivienda, ubicada en un sector del norte de la ciudad, donde presuntamente les suministraba un fármaco mezclado en una bebida. Cuando perdían el conocimiento, las desnudaba y abusaba sexualmente de ellas.

Durante un allanamiento realizado a mediados de 2025 en su domicilio, los investigadores secuestraron un teléfono celular y una notebook. En esos dispositivos encontraron cientos de fotografías y videos de los presuntos abusos, además de imágenes de otros menores en situación de abuso sexual.

El material fue analizado por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITEL), dependiente del Ministerio Público. Según trascendió, algunos de los menores que aparecen en las filmaciones todavía no pudieron ser identificados. Por estos hechos, al acusado se le imputan los delitos de abuso sexual con acceso carnal, producción de material de abuso infantil, tenencia y distribución.

También fue acusado por corrupción de menores en perjuicio de dos chicos que estaban bajo su cuidado. Según la investigación, además de abusarlos mediante la misma modalidad, les exhibía videos pornográficos en un televisor.

La causa cuenta con la intervención de la Fiscalía, la Defensa Oficial Penal y la Defensoría de Menores. El avance de la investigación se sustentó en el allanamiento y en la recolección del material fílmico incorporado como prueba.

Trascendió que las partes trabajan en un posible juicio abreviado para determinar la responsabilidad del principal imputado. La propuesta fue presentada por la acusación y se encuentra a la espera de la respuesta de la Defensa. En caso de prosperar el acuerdo, luego se realizará el juicio de cesura para fijar la pena, que podría alcanzar los 25 años de prisión.

La investigación también permitió establecer que parte del material había sido enviado a dos destinatarios. Uno de ellos reside en otra provincia y aún no pudo ser localizado. El otro fue identificado como un estudiante universitario de la región, quien fue detenido e imputado por tenencia de material de abuso infantil.

Por su parte, Mujeres en Lucha y Diversidad difundió un comunicado en el que repudió los hechos y sostuvo que la acusación describe conductas «aberrantes, reiteradas y sostenidas en el tiempo», cometidas contra menores de edad en situación de extrema vulnerabilidad y, en algunos casos, bajo el cuidado del acusado.

La organización solicitó que el proceso judicial avance con la mayor celeridad, transparencia y rigurosidad, y que al momento de fijar la pena se aplique la sanción más severa permitida por la legislación vigente. Asimismo, pidió que se investigue de manera exhaustiva el contexto en el que las víctimas quedaron expuestas al acusado y que se determinen eventuales omisiones, negligencias o responsabilidades de adultos encargados de su cuidado, respetando las garantías del debido proceso.

También reclamó que se identifique y responsabilice a todas las personas que recibieron el material relacionado con los hechos investigados, conforme a lo establecido por la ley.

Finalmente, la entidad remarcó la necesidad de preservar la identidad, la intimidad y la dignidad de las víctimas, evitando cualquier difusión de información que pueda identificarlas o revictimizarlas, y concluyó con un mensaje de acompañamiento a las víctimas y un pedido de justicia.