Coronel Pringles – El Bloque de Concejales del Frente de Todos – Unión por la Patria informó su decisión de no acompañar la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2024 presentada por el Departamento Ejecutivo municipal. La postura se fundamenta en múltiples irregularidades e inconsistencias de carácter contable, institucional y ético que afectan directamente a la comunidad pringlense.

Entre los principales motivos del rechazo, los ediles señalaron una diferencia de $33 millones entre los saldos bancarios reales y los registrados en el balance municipal, una observación de peso que compromete la transparencia financiera de la gestión.

A esto se suma la reasignación por decreto de más de $22 millones del Fondo de Deporte, fondos que debían ser destinados a clubes e instituciones que desarrollan un trabajo social fundamental en el distrito. El desvío de estos recursos, aseguran, “no solo fue inconsulto, sino que vulnera el sentido original del fondo y debilita a actores comunitarios que sostienen actividades esenciales para niños, jóvenes y familias”.

En el plano ético, el bloque también denunció incumplimientos de la Ley de Ética Pública, identificando casos en los que funcionarios o familiares directos figuran como proveedores del Estado municipal. “Esto no solo afecta la confianza institucional, sino que establece relaciones incompatibles con el deber de imparcialidad y control que la ley exige”, remarcaron.

Por otro lado, se expusieron situaciones de desprotección social alarmantes. Vecinos que deben realizar rifas o vender tortas para costear tratamientos médicos, niños que se quedan sin transporte para las colonias de verano o sin acceso a clases de natación por decisiones presupuestarias del Ejecutivo. “Cuando el Estado se retira, alguien paga el costo. Y en Pringles, lo están pagando los que menos tienen”, advirtieron los concejales.

La decisión de no aprobar la rendición no responde a una lógica partidaria, sino a una posición institucional basada en principios de legalidad, responsabilidad y compromiso con la comunidad. “No vamos a legitimar una forma de administrar que desordena las prioridades, incumple normas básicas de transparencia y abandona funciones esenciales del Estado local”, concluyeron.