En la segunda audiencia del juicio contra siete productores vinculados a los agronegocios y dos funcionarios municipales, declararon Sabrina Ortiz y Alejandra Bianco, quienes denunciaron afectaciones directas por las fumigaciones. Se presentaron pruebas que indican la presencia de agrotóxicos en los cuerpos de vecinos y en el agua destinada al consumo humano. “Que les quede claro a esas grandes empresas, productores y multinacionales que con la salud no se juega”, sostuvo Ortiz.

Con dos audiencias ya realizadas, sigue en marcha el juicio por el presunto uso indebido de agroquímicos en la ciudad bonaerense de Pergamino. En el proceso están imputados siete productores rurales y dos exfuncionarios municipales, quienes son juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario.

En la primera audiencia, el fiscal federal Federico Reynares Solari presentó la acusación y detalló los cargos contra cada uno de los involucrados. Los productores imputados son Fernando Cortese, Víctor Tiribó, José Luis Grattone, Carlos Sabatini, Hugo Sabatini, Mario Reinero Roces y Cristian Taboada. También están acusados Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini, exintegrantes del área de Ambiente Rural del municipio.

La Fiscalía les atribuye a los productores el delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que contempla penas de tres a diez años de prisión para quienes contaminen de manera peligrosa el ambiente o la salud. Según la acusación, las fumigaciones se habrían realizado pese a una ordenanza que prohíbe aplicaciones a menos de 100 metros de zonas periurbanas. Se mencionaron intervenciones cerca de barrios como Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, además de la Escuela N° 19 y el Jardín N° 920.

En el caso de Cortese, también se lo acusa por un hecho ocurrido en 2020, cuando presuntamente habría realizado una maniobra intimidatoria con su vehículo contra el padre de una denunciante en la ruta provincial 32.

A Naranjo y Tocalini se les imputa incumplimiento de los deberes de funcionario público, según el artículo 248 del Código Penal. Durante las indagatorias, solo Tocalini declaró y negó los hechos. Las defensas rechazaron las acusaciones y cuestionaron la competencia del tribunal, aunque esa definición quedó para la sentencia.

En la segunda audiencia declararon dos denunciantes, Sabrina Ortiz y María Alejandra Bianco. Ortiz afirmó que existen estudios que detectaron glifosato y otros plaguicidas en agua y sangre de vecinos, y cuestionó la actuación municipal. Bianco relató enfermedades de sus hijos y vinculó la muerte de su pareja por cáncer con la contaminación. También prestaron testimonio policías que participaron en la investigación.

Mientras se desarrolla el juicio, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del norte bonaerense difundió un documento en el que promovió el uso responsable de fitosanitarios bajo el esquema de Buenas Prácticas Agrícolas.

En Pergamino rige desde 2019 una medida cautelar de la Justicia federal que dejó sin efecto la ordenanza local y fijó una prohibición de aplicación de agroquímicos a 1.095 metros de las zonas urbanas.

La próxima audiencia será el 25 de febrero y continuarán las declaraciones de vecinos, personal municipal, operarios y peritos. Luego se realizarán los alegatos y se fijará la fecha de la sentencia. El caso se da en medio de un debate más amplio sobre controles y distancias de aplicación en áreas rurales y periurbanas, y podría convertirse en un antecedente relevante en la Justicia federal.