El Hospital Garrahan, referente nacional en atención pediátrica de alta complejidad, está atravesando una crisis profunda que expone el costo humano de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

Los recortes presupuestarios y la falta de inversión efectiva están provocando una fuga masiva de profesionales, reducción de recursos y un deterioro en la calidad del servicio. Más de 200 médicos renunciaron recientemente, y el hospital, con una ocupación casi total, lucha por mantener la atención que merecen miles de niños con patologías graves.

La administración actual, en su afán por priorizar el equilibrio fiscal, ha dejado de lado el valor esencial de la salud pública. Mientras se ajusta sobre la vida y el futuro de los más vulnerables, se sacrifica la dignidad y el derecho básico a recibir atención médica de calidad.

Es inaceptable que un hospital clave para todo el país, que recibe pacientes derivados de todas las provincias, sea víctima de una política que recorta recursos, ignora protestas legítimas y desoye las necesidades de la comunidad médica y las familias.

El gobierno de Milei debe entender que ajustar no es solo reducir gastos: es decidir quién recibe cuidados y quién queda afuera. Y en esta balanza, están en juego las vidas de niños que apenas comienzan a vivir.

No hay margen para la indiferencia ni para más dilaciones. La salud pública merece inversiones, respeto y compromiso real. El Hospital Garrahan merece mucho más que un ajuste brutal disfrazado de austeridad.