Desde el 1° de julio, el campo argentino quedará nuevamente alcanzado en casi su totalidad por derechos de exportación. El Gobierno nacional restituyó las alícuotas plenas al complejo sojero, maicero y girasolero. La medida genera fuerte malestar en el interior productivo y abre un nuevo frente de conflicto.
El Gobierno nacional oficializó esta semana un nuevo esquema de retenciones que pone fin a la reducción temporaria de alícuotas que rigió durante los primeros meses del año. A partir de julio, el 93 % de las exportaciones del sector agroindustrial argentino volverá a quedar alcanzado por los derechos de exportación, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario.
La soja pasará nuevamente a tributar el 33 %, sus subproductos el 31 %, mientras que el maíz y el trigo quedarán en el 12 %, y el girasol en el 7 %. La medida fue dispuesta por decreto y no fue consensuada con los actores del sector, lo que generó críticas por la falta de previsibilidad y la ausencia de diálogo institucional.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas señalaron que la decisión “altera las condiciones económicas en pleno ciclo productivo” y puede traducirse en una caída de la inversión para la próxima campaña. “El campo no es una variable de ajuste”, insistieron desde la entidad.
Recaudación de corto plazo, efecto de largo
El Ejecutivo argumenta que la modificación busca reforzar la recaudación tributaria en un contexto de déficit fiscal, pero distintos economistas advierten que se trata de una medida de alivio inmediato que podría tener consecuencias negativas a mediano plazo.
“Reestablecer las alícuotas más altas en este momento implica perder competitividad, desalentar exportaciones y frenar decisiones de inversión que se venían sosteniendo pese a las dificultades estructurales del país”, advirtió el economista Juan Manuel Garzón, del IERAL de la Fundación Mediterránea.
Las entidades rurales no solo expresaron su preocupación por la presión fiscal, sino también por el mensaje político que transmite la medida. La eliminación de retenciones había sido una de las banderas discursivas del actual gobierno durante la campaña. Su restitución, sin mecanismos de compensación ni criterios de segmentación, es leída por muchos como una contradicción con el espíritu desregulador que se proclamaba meses atrás.
Una política sin horizonte
La medida pone de manifiesto una problemática estructural que el país arrastra hace años: la utilización de las retenciones como herramienta fiscal antes que como instrumento de política agraria o desarrollo estratégico. En ausencia de una reforma tributaria integral, la carga vuelve a recaer sobre un sector que sigue siendo uno de los principales generadores de divisas genuinas y empleo en el interior del país.
La falta de señales de largo plazo, sumada a decisiones intempestivas como esta, refuerzan la percepción de que el gobierno no tiene un plan sostenido para el desarrollo productivo, más allá de los objetivos de ajuste fiscal inmediato.
El regreso de las retenciones plenas no es solo un gesto impositivo: es una señal política. Y no es una buena señal. El campo argentino no necesita privilegios, pero sí previsibilidad, reglas claras y un marco que le permita desarrollarse sin ser permanentemente el fusible de los desequilibrios fiscales.
Si el Gobierno pretende atraer inversiones, consolidar exportaciones y fortalecer al país productivo, decisiones como esta van en sentido contrario. La credibilidad no se construye solo con discurso, sino también con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
