El Gobierno de Javier Milei se vio forzado a promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad luego de que el Congreso rechazara su veto por mayoría especial. Pero a pesar de que la ley quedó firmemente aprobada, el Ejecutivo decidió no aplicarla, alegando que no hay fondos disponibles para financiarla.

La Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta diciembre de 2026, había sido aprobada por ambas cámaras del Congreso. Milei la vetó, pero el Congreso anuló el veto y obligó al Gobierno, según lo establece la Constitución, a promulgarla. Sin embargo, lejos de avanzar en su implementación, el Gobierno la suspendió a través del Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial.

En lugar de cumplir con la ley votada por amplia mayoría, el Gobierno condicionó su aplicación a que el Parlamento establezca las partidas presupuestarias necesarias. Con esto, el Ejecutivo se desentiende de la responsabilidad de garantizar los derechos de las personas con discapacidad y vuelve a usar el argumento del «impacto fiscal» como justificación para no ejecutar una política pública esencial.

El Gobierno calcula que aplicar la ley costaría más del 0,7 % del PBI entre 2025 y 2026. Sin embargo, legisladores y organizaciones advierten que ese gasto es perfectamente financiable si hubiera decisión política, y que el problema no es económico, sino ideológico: Milei y su gabinete priorizan el ajuste.

Mientras tanto, el Ejecutivo realizó una readecuación menor del presupuesto para actualizar los aranceles de prestadores desde el 1° de octubre, algo que responde a presiones del sector, pero no reemplaza ni compensa la suspensión de la ley.

De esta forma, el Gobierno de Milei vuelve a cargar el peso del ajuste sobre los sectores más vulnerables, dejando sin respuesta concreta a miles de personas con discapacidad, prestadores y familias que exigen una política urgente y efectiva.