El gobierno de Milei ajusta con los más vulnerables: masiva suspensión de pensiones por discapacidad
Mientras el Congreso sigue debatiendo el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el gobierno de Javier Milei avanza con una política de recorte brutal que golpea directamente a los sectores más desprotegidos del país. Esta vez, la motosierra no apuntó a la casta, sino a las pensiones no contributivas por discapacidad laboral, un derecho conquistado por trabajadores y trabajadoras que no pueden insertarse plenamente en el mercado laboral por su condición de salud.
Desde el Ministerio de Capital Humano y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ya se dieron de baja más de 110.000 pensiones, bajo el argumento de que habrían sido otorgadas “de forma irregular” durante gestiones anteriores. Una excusa recurrente que encubre, en realidad, una decisión política: seguir licuando derechos para cerrar números en un Excel, sin importar la vida de quienes quedan afuera del sistema.
El gobierno lanzó una licitación para enviar 720.000 cartas documento en todo el país con el objetivo de notificar suspensiones de pensiones. Aunque aclaran que no necesariamente se darán de baja todas, el número da cuenta del alcance del ajuste. Como si fuera poco, se agregan más de 18.000 bajas.
En una nueva muestra del ajuste despiadado que lleva adelante el Gobierno libertario, la administración de Javier Milei avanza con la suspensión de pensiones no contributivas por discapacidad laboral, afectando a miles de argentinos y argentinas que dependen de ese ingreso para sobrevivir. Bajo el argumento de “regularizar irregularidades”, ya se dieron de baja más de 110.000 prestaciones, mientras se preparan para seguir recortando a gran escala.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) abrió una licitación para contratar 720.000 envíos postales destinados a notificar a beneficiarios de pensiones que su ayuda será suspendida. La cifra, por sí sola, revela la magnitud del ajuste: no se trata de una auditoría quirúrgica, sino de un verdadero plan de recorte sistemático sobre los sectores más vulnerables.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró la “eficiencia” del recorte, anunciando que el Estado comenzará a “ahorrar” unos 35 mil millones de pesos mensuales, como si lo justo fuera recortar a quienes menos tienen para sostener un modelo económico que beneficia a los grandes grupos financieros y al capital concentrado.
Además, la ANDIS reconoce que más del 60% de los beneficiarios no logró presentar la documentación solicitada. Pero lejos de preguntarse por qué —si fue por falta de acceso, desconocimiento o problemas burocráticos— el Gobierno libertario decidió continuar con las bajas, mostrando desinterés total por las personas y una obsesión ideológica por reducir el Estado a cualquier costo.
Donde antes había derechos, ahora hay cartas documento; donde antes había presencia del Estado, ahora hay abandono.