El presidente Javier Milei vetó completamente la ley que declaraba la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales, tras las inundaciones de marzo. La norma, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras, establecía un fondo de $200.000 millones, líneas de crédito, exenciones impositivas y plazos de gracia para los damnificados.

El Gobierno justificó el veto en la falta de previsión presupuestaria y en que ya se había dispuesto asistencia mediante el DNU 238/25. Sin embargo, desde la oposición sostienen que la ley no se superpone con el decreto, ya que aborda también la reconstrucción a largo plazo y establece controles parlamentarios.

Legisladores de Unión por la Patria, la UCR y otros bloques ya se organizan para insistir con la norma en Diputados, donde se pondrá a prueba el llamado “bloque veto” del oficialismo. El desenlace dependerá del PRO, los diputados tucumanos y otros aliados clave que podrían romper el tercio necesario para sostener el veto.

 Germán Martínez calificó el veto como “inconcebible”. Desde el PJ bonaerense denunciaron que se prioriza la confrontación política por sobre la ayuda a los afectados.